LO QUE YA SALIÓ A LA LUZ… ¿Y LO QUE TODAVÍA NO CONOCEMOS?

El caso La Concordia no es solo un escándalo de presuntos cobros. Es el termómetro de un Ayuntamiento panista de Mérida que solo reacciona cuando ya no puede esconder la basura bajo la alfombra. Mientras Cecilia Patrón Laviada escarba únicamente donde le conviene, sus funcionarios y ahora el propio esquema de La Concordia quedan señalados por el desorden en los espacios que el municipio administra y supervisa. Ella los protege. Punto.

La respuesta oficial se reduce a dos frases vacías: “que denuncien los comerciantes” y “si detectamos irregularidades, los damos de baja”. Ninguna responde lo esencial: ¿qué sabía el Ayuntamiento?, ¿qué investigó de verdad?, ¿qué pasó después de las separaciones?, ¿intervino Contraloría?, ¿se abrió expediente?, ¿se dio vista a la Fiscalía?

El municipio controla permisos, inspecciones y el espacio público. ¿Por qué toda la carga de descubrir el problema recae sobre el comerciante? Detectar irregularidades también es obligación de la autoridad. Separar a un trabajador no borra el expediente ni explica la omisión de quienes debieron actuar y no lo hicieron.

La Concordia expone una falla de control. Si una estructura externa logró influir sobre quienes dependen diariamente de decisiones municipales, ¿cómo funcionaron los controles internos? Y la pregunta que duele: si este caso solo salió a la luz porque los afectados hablaron, ¿qué otras irregularidades siguen sin detectar dentro de la administración?

La Concordia reveló lo que ya estaba ocurriendo. La pregunta ahora es qué tan capaz es el Ayuntamiento de detectar lo que todavía no conocemos.