Orden a golpes de hambre: El Ayuntamiento de Mérida va contra el sustento de las familias
El Ayuntamiento de Mérida volvió a sacar el garrote del “orden”. Esta vez dio una semana a vendedores ambulantes del Centro Histórico para retirarse de la vía pública o enfrentar decomisos totales. No hay plan de transición, no hay alternativas reales, no hay diálogo que aguante: hay amenaza. Decenas de comerciantes —familias completas— denuncian incumplimiento de acuerdos, reubicaciones arbitrarias y costos imposibles para formalizarse. El mensaje es claro: el “rescate” del centro se hace expulsando a quienes viven de él.
La narrativa oficial habla de legalidad, pero en la calle se siente legalidad selectiva. Dura con la economía popular; flexible con intereses mayores. Mientras se presume ciudad bonita, se castiga al que vende marquesitas, elotes o snacks para llevar pan a casa. “No somos delincuentes, no somos estorbo”, repiten los carteles. El Ayuntamiento no ordena: desplaza. No regula: castiga. Y cuando protesta la gente, la respuesta no es política social, es operativo.
La sombra de la doble agenda pesa. Bajo la administración de Cecilia Patrón Laviada, el “orden” funciona como pretexto y la sensibilidad brilla por su ausencia. ¿De verdad los ambulantes son el mayor peligro para Mérida? La ciudad ve otra cosa: trabajo honesto arrinconado y un gobierno que gobierna para unos cuantos. Si el plazo vence, el decomiso se lleva el sustento y la tranquilidad de las familias afectadas.
