Mérida, la ciudad más cara de México: El negocio panista de la gentrificación
Mérida, la ciudad más cara del país. Así lo confirman los datos y también la experiencia cotidiana de miles de familias que hoy apenas logran sostenerse. Para cubrir los gastos fijos de vivienda, servicios, salud, educación y alimentación, el yucateco promedio necesita un ingreso mensual superior a 18 mil pesos, cifra fuera del alcance de gran parte de la población trabajadora. Detrás de este encarecimiento estructural está una estrategia política y económica que, desde los gobiernos panistas de Mauricio Vila Dosal y Renán Barrera Concha, convirtió a Mérida en un producto de mercado: la “ciudad segura”, la “joya del sureste”, el paraíso inmobiliario que se vende al mejor postor.
Durante su administración, Vila Dosal promovió sin reservas el ingreso de capitales foráneos, disfrazando la especulación de “desarrollo”. Se abrieron puertas a grandes grupos inmobiliarios, se remataron tierras ejidales y se impulsaron fraccionamientos de lujo en la periferia, mientras los barrios tradicionales se fueron vaciando por el aumento desmedido de rentas y servicios. Las cifras oficiales hablan de inversión, pero la realidad exhibe un modelo de despojo sistemático. Bajo el discurso de modernidad y seguridad, el exgobernador —más cercano al norte del país que a la tierra que gobernó— sembró el modelo de la gentrificación: uno donde el progreso se mide en dólares y no en bienestar social.
Renán Barrera reforzó esa narrativa desde el municipio, vendiendo la idea de una Mérida “segura, limpia y ordenada” como carnada para inversionistas y migrantes urbanos. El resultado fue una ciudad partida: al norte, los fraccionamientos blindados con vigilancia privada; al sur, los cinturones de pobreza que siguen esperando drenaje, calles y transporte digno. Hoy, la alcaldesa Cecilia Patrón hereda ese mismo esquema —y, con él, el colapso. Aunque presume planes de “ordenamiento” y programas de vivienda, no existe una política real de control de rentas ni de protección al patrimonio cultural. La gentrificación ya no es una advertencia: es un hecho visible en cada muro pintado para turistas y en cada familia desplazada por la especulación.
Así, lo que comenzó como promesa de progreso terminó siendo un negocio de élites. Mérida dejó de ser la ciudad de los yucatecos para convertirse en una vitrina de intereses privados. Y mientras los funcionarios panistas celebran rankings de “calidad de vida”, el ciudadano común paga el precio más alto: el de no poder vivir en su propia tierra.
