Bodegas llenas, calles a oscuras: el expediente de las luminarias aún golpea a Mérida
El caso de las luminarias de Mérida sigue abierto en lo financiero y en lo político. El origen se remonta a 2011, cuando se firmó el arrendamiento de 82 mil lámparas con AB&C Leasing por $468.8 millones; en 2012 la siguiente administración dio por terminado el contrato y, tras años de litigio, en 2017 la SCJN dejó firme que el Ayuntamiento debía pagar. Para cerrar el pleito, en julio de 2024 el Cabildo aprobó un convenio por $475 millones con Santander: $175 millones iniciales y $300 millones a 60 meses (≈$5 millones mensuales), sin intereses moratorios, con lo que se da salida presupuestal a una deuda que llevaba más de una década arrastrándose.
Mientras se paga el convenio, el alumbrado se moderniza: reportes de 2025 señalan más de 38 mil luminarias LED ya instaladas en colonias y comisarías. En paralelo, versiones periodísticas refieren decenas de miles de lámparas retiradas y almacenadas desde administraciones anteriores —inservibles o sin posibilidad de reuso local por la migración a LED— cuyo inventario y destino no han sido aclarados públicamente. Urge transparencia sobre esa “herencia en bodega” para dimensionar pérdidas y responsabilidades.
Lo inmediato para Mérida es cerrar el círculo con datos abiertos: tablero mensual de pagos del convenio, inventario digital (con número de serie, estado y dictámenes) de las luminarias retiradas, y cronograma por zonas para completar la sustitución a LED. Con fallos judiciales ya firmes y un esquema de pago vigente, la única salida es la rendición de cuentas total y verificable —en la calle y en el portal de transparencia— para que el expediente de las luminarias deje de proyectar sombras sobre el presupuesto y sobre la ciudad.
