Alcaldesa y funcionarios convierten mercados de Mérida en caja chica panista
En los mercados de Mérida, lo que debería ser comercio honesto y oferta de productos se está convirtiendo en una jungla de cobros ilegales, espacios revendidos y tolerancia a la anarquía. Bajo la mirada permisiva de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada y con la complicidad del funcionario José Alfonso Lozano Poveda, Secretario Técnico y Subdirector de Establecimientos Fijos, Semifijos y Ambulantaje del Ayuntamiento, los comerciantes denuncian que cada puesto en la vía pública se ha vuelto un producto que se compra, se vende y se cobra como si fuera piso de un antro: 5 mil pesos para recuperarlo, cuotas semanales de 200 a 300 pesos, y una red delictiva que opera bajo “licencia oficial”. Los espacios públicos se transforman en billetes, y los ambulantes en rehenes de un sistema que apunta a engordar bolsillos en lugar de mejorar la ciudad.
Las reglas se saltan y los reglamentos se ignoran: se permite el consumo de bebidas alcohólicas en los puestos, se tolera la presencia de líderes no oficiales que “gestionan” los espacios como si fueran dueños, y se levanta la voz de quienes se atreven a reclamar. El reglamento municipal dice claramente que ingerir alcohol en puestos ambulantes es causal de sanción; sin embargo, la autoridad municipal dice que “no ha detectado cobros adicionales” y pide que los afectados presenten denuncias ante la Contraloría. Mientras, el comercio informal se burla de las normativas con la complicidad de quienes deberían vigilarlas.
En ese caldo de corrupción y desorden, los locatarios honestos quedan atrapados, pagando cuotas, perdiendo espacios y soportando revuelos en los que el verdadero premio no es la venta legal, sino el acceso a la protección política. Este comercio ambulante con moches y reventas ya no es problema menor: es síntoma de un modelo digitalizado de impunidad y privilegio. Y la pregunta que nadie responde es: ¿Quién se está llevando el dinero de esas “cuotas semanales”, quién vende los lugares y por qué no actúa la alcaldesa para frenar el saqueo financiero que se gestiona bajo su administración? El silencio es tan cómplice como el cobro.
