Activismo que factura: el negocio detrás de las marchas en Yucatán
En Yucatán ya es rutina: arranca una administración y, casi al mismo tiempo, aparecen protestas con discursos encendidos y reclamos “sociales”. El guion se repite y el nombre también. La argüendera María Eugenia Núñez Zapata vuelve a escena cada cambio de gobierno, levanta la voz, convoca marchas y empuja comunicados. Luego, cuando los acuerdos se cierran, el ruido se diluye. No es indignación espontánea; es sincronía política. La calle se activa cuando conviene y se apaga cuando el trato queda amarrado o se les acaba el dinero a los panistas.
Detrás del discurso hay facturas. Pagos mensuales por “publicidad digital” a su portal Visión Peninsular, contratos constantes y cifras que no cuadran con el alcance. Mientras medios con audiencia comprobable pelean por sobrevivir, otros comen de las croquetas que le avientan los panistas sin rendir cuentas claras. El activismo se vuelve herramienta de presión y, después, moneda de cambio.
La causa social merece respeto, pero usarla como escudo para facturar es otra cosa. AMISY termina siendo pretexto y blindaje: cualquier pregunta incómoda se convierte en “ataque” y cualquier revisión es censurada con etiquetas morales. La cercanía con el poder municipal no se disimula: elogios, silencio selectivo y una narrativa que siempre favorece al gobierno en turno. En Yucatán, exigir justicia no puede significar cobrar por callar. Cuando la protesta se convierte en negocio, deja de ser causa y pasa a ser contrato, sobre todo cuando aplaudes como foca entrenada.
